Por Borja García Vázquez
Chile y España experimentaron la polarización característica del siglo XX, padeciendo los perniciosos efectos de militares desleales al pueblo. Muerte, represión, exilio y sendas dictaduras, fue la tónica que lastró la vida de buena parte de sus ciudadanos por décadas. La connivencia de los afectos a cada régimen (unido a las simpatías e intereses que despertaban en otras naciones), fue clave para su supervivencia en el tiempo, cuyos finales, en ambos supuestos (con la salvedad de que el general Francisco Franco falleció en su lecho), fueron dictados por los mandatos del mercado (confirmado en las crisis económicas que afectaron a comienzos de la década de 1980 a ambos países).
En España, el Capital requería que las familias del régimen diesen paso a la democracia, en favor de la modernización del país, la incorporación a Europa, y la integración en el mundo occidental (como supuso la adhesión a la OTAN). Así lo entendieron los procuradores de las Cortes franquistas, que de la noche a la mañana, abandonaron sus puestos poniendo punto y final a la obra de quien habían adorado en vida, comenzando el arduo trabajo de reconciliar a los vencedores y vencidos, muertos y vivos, de la guerra civil que traumatizó a España durante cuarenta años.
Los perdedores de la contienda, el republicanismo y la izquierda, iban a ser protagonistas de este proceso de transición, al acabar su clandestinidad, sumándose al diálogo político del país. El Partido Comunista de España, la fuerza que se mantuvo más activa durante la dictadura, negó sus postulados leninistas, y Santiago Carrillo, su Secretario General, quien había participado en la guerra, ideó una formula alejada del sovietismo de la época, “el eurocomunismo”. Por otra parte, Felipe González, principal dirigente del Partido Socialista Obrero Español, representaba la otra España de jóvenes que no había conocido la guerra, buscando un país libre y democrático.
Libertad y democracia era lo que demandaba la población, sin que los sectores mayoritarios concibiesen rememorar un nuevo enfrentamiento civil, salvo por los grupúsculos extremistas y minoritarios del espectro político, encarnados en el más vil pistolerismo. Para ello era solícito el consenso y la concordia entre quienes partían de postulados antagónicos, por el bien de España.
Así, los nuevos actores políticos transigieron en aspectos que eran contrarios a sus postulados de base, como fue el respeto a la Monarquía, los privilegios de la Iglesia, la bandera y los símbolos del Estado, frente a quienes defendían la República, la separación entre Iglesia y Estado; y la no realización de depuraciones ideológicas en la administración civil y militar, manteniéndose en sus puestos a personas que habían servido en el régimen antidemocrático, mostrasen o no su lealtad con el sistema. Concesiones que permitieron en conjunto, tras intensas negociaciones, llevar a buen fin el proceso de nacimiento democrático, que permitiría la promulgación de la Constitución española de 1978.
Por el contrario, la Constitución chilena de 1980 no parte del mismo escenario que el peninsular. El general Augusto Pinochet estaba en el poder durante la promulgación de la misma, posición que no abandonó hasta ser sucedido democráticamente por Patricio Aylwin en 1990; y aun a pesar de esta transición, se mantuvo como jefe de las Fuerzas Armadas hasta 1998, espacio de tiempo en que realizó alguna bravata militar, como el cerco al Ministerio de Defensa en 1993.
Como expresó Aylwin a Felipe González, “era como si Franco siguiera vivo en España”[1]. Una compleja situación, de ausencia de consenso en el proceso constituyente, y de pseudo democracia tutelada desde una visión paternalista (en el que un sector garantiza sus privilegios empleando la Ley para tal fin) comprendía una situación ilegítima desde sus orígenes; más notablemente cuando los casos de corrupción afectaron al general, por declaraciones fiscales falseadas, como evidenció la querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos de Chile, tras la pérdida de inmunidad judicial del general.
En un país de gran extensión geográfica, pero de escasa población en relación al territorio que ocupa, las desapariciones y violaciones a los Derechos Humanos ejercidas por los golpistas (sin olvidar los actos terroristas cometidos más allá de sus fronteras contra quienes se les oponían[2]), fueron traumáticos para la población chilena, y dieron lugar a la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, proceso nunca dado en España.
Por las razones expuestas, ambos países comparten (con matices), la evolución político-social contemporánea, de transición de un régimen totalitario por una democracia, sin que en el caso chileno se lograse una genuina Constitución, respaldada y representativa de todos los sectores de la sociedad, siendo claramente una imposición de los tiempos.
El proceso constituyente previsto para 2020 en Chile, abre la posibilidad a conseguir una Carta Magna que sea legítima, sobre la transparencia y la participación de la ciudadanía, rompiendo stricto sensu, el proceso histórico acaecido de imposición o expulsión de una parte del país sobre la otra, con cada aprobación de la ley suprema.
Independientemente de si la población chilena elige la Convención mixta constitucional, o la Convención constitucional, queda por disipar quien será el efectivo encargado de redactar el nuevo texto constitucional, para lograr la máxima representatividad de los chilenos, siendo recomendable una Secretaría Técnica de Redacción Constituyente, paritaria, integrada por los miembros electos; o a decisión de los constituyentes, delegada por aquellos que por desconocimiento jurídico, cedan su posición a alguien de su elección, con aprobación de 2/3 de los integrantes.
Desde el momento en que una Constitución no surge del acuerdo, ni responde a las necesidades de la sociedad a la que sirve, no puede hablarse de legitimidad. Ninguna constitución es una obra acabada, sino una herramienta de los tiempos que la genera, por lo que no debe verse como un elemento sagrado e inamovible. Ante las reclamaciones de la ciudadanía, esta constituyente ofrece una experiencia democrática al país, que favorecerá la resiliencia del Estado a través de la unidad obtenida por el consenso entre los constituyentes; y si bien este proceso no cambiará instantáneamente las condiciones de vida de la población, ni dará término inmediato a los problemas que aquejan a la sociedad, sentará los pilares sobre los que poder construir los mecanismos con que dar respuesta a estos.
En América Latina, el resultado de este proceso constituyente será vital para confirmar la buena salud de la democracia en la región, cuyos resultados y experiencia, de obtener un proceso de superación de las posiciones políticas por el bien de sus habitantes, podrá servir de guía a otros Estados, que ante las circunstancias presentes, puedan llegar a impetrar cambios (como podría ser en España respecto de la cuestión decisoria de Monarquía o República).
[1] La anécdota está recogida en Sater, William F.; Collier, Simon, Historia de Chile, 1808-2017, Madrid, Ediciones Akal, S.A., 2018.
[2] Basta recordar el asesinato de Orlando Letelier, perpetrado por agentes de la DINA, quienes efectuaron el primer atentado extranjero cometido en suelo estadounidense, en pleno corazón de Washington D.C.
