Por Rodrigo Roa
Después de un par de semanas del surgimiento del estallido social, en algunas conversaciones plantee que esta situación crítica era la oportunidad histórica que tenía nuestro país para reformar las instituciones en su estructura. Chile puede ser mejor o peor después de este hito. Tras días de negociaciones el gobierno propuso una pequeña agenda de reformas sociales y, tras la persistencia del movimiento social, se logró la propuesta “acuerdo para la paz y nueva constitución”. Este acuerdo fue firmado por la mayoría de los representantes de los partidos políticos, postulando la realización de un plebiscito de entrada y salida, además de elegir la forma de realizarlo. Al día de hoy y después de más de un mes de la crisis, las manifestaciones se mantienen, la violencia aún está latente en las calles y el gobierno se ve sobrepasado.
La pregunta entonces es ¿Por qué se mantiene el descontento social –y tal nivel de desaprobación al gobierno (82% de la ciudadanía, según Cadem)- pese a las “soluciones” planteadas por el gobierno?
Algunos actores ya han manifestado que el foco principal del gobierno se ha puesto en la búsqueda del orden público y que ha sido insuficiente su respuesta frente a las demandas sociales planteadas por la ciudadanía. Junto a lo anterior, planteo que el objetivo que se ha propuesto el gobierno de recuperar el orden público no lo ha podido lograr con eficacia. En cambio, lo que ha conseguido es que en el ejercicio de las funciones de carabineros se pasen a llevar los protocolos de la institución vulnerando los DDHH de cientos de personas (Según el informe de Human Right Watch y Amnistía Internacional).
Desde un aspecto comunicacional, el presidente Sebastián Piñera en la ceremonia de graduación de la Policía de Investigaciones (PDI), afirmó “Estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable”, misma frase que ocupó a unos días del estallido social y donde aseguró “estar en guerra”. La exposición de un conflicto social fundado en las desigualdades estructurales ya es asumida por todos los partidos políticos, a excepción del partido repúblicano dirigido por José Antonio Kast. El problema radica en que el presidente parece estar convencido que tal nivel de violencia es explicada por una conspiración en contra de su gobierno (recordar que en la entrevista en el diario El País aseguró haber aportado antecedentes a la Fiscalía de una conspiración política financiada por países extranjeros). El ejecutivo aún piensa que con las reformas de agenda social es suficiente para llegar a un entendimiento con la ciudadanía. Por lo tanto, o pensamos que el 67% (Según los últimos datos de la Cadem) de la ciudadanía que respalda las movilizaciones son delincuentes y violentistas o “el enemigo poderoso e implacable” apunta a buscar reformas sustanciales en el ámbito de la seguridad social.
Esta columna es una invitación a pensar las formas de buscar soluciones estructurales. ¿Acaso nuestro modelo de pensiones es intocable? Las deficiencias de este modelo junto a las injusticias sistemáticas que conlleva su institucionalidad tienen que ser abordadas por la ciudadanía, por el ejecutivo y por los representantes políticos. Del mismo modo, la salud pública complementa los esquemas de seguridad social que están estrechamente vinculados con la jubilación, el cuidado de la infancia, y la protección de sanidad de los más vulnerables. Las instituciones tienen que remodelarse para concretar un acuerdo redistributivo entre trabajadores y empresarios, ampliar la justicia social y reducir la precarización en la calidad de vida de las mayorías.
